Violaciones laborales en Turlock: ¿Qué sigue para los trabajadores quienes no se les pagó?

Un empleador de Turlock multado por violaciones laborales cuestionó por qué una agencia federal anunció recientemente los hallazgos más de un año después de completar una investigación.

Edgar Pérez, que dirige Pérez Bros Farms Inc. con su hermano y su padre, también dijo a The Bee que la investigación se refería a tecnicismos de papeleo y que su familia ha pagado todas las multas.

El Departamento del Trabajo de Estados Unidos anunció la investigación en un comunicado de prensa del 14 de febrero en el que se alegaba que Pérez Bros Farms y otro empleador de Turlock habían violado las normas del programa H-2A. El programa permite a los empleadores traer a ciudadanos extranjeros a Estados Unidos para trabajos agrícolas temporales o de temporada.

Los investigadores descubrieron que la granja no pagó lo suficiente a los trabajadores ni les proporcionó alojamiento y transporte seguros. El departamento multó a los empleadores con unos $37,000 y recuperó $83,000 en salarios atrasados para 92 trabajadores, según el comunicado.

“No estábamos estafando a ninguno de estos empleados, a menos que simplemente no captáramos ciertas horas o nuestras tarjetas de tiempo estuvieran mal o algo así”, dijo Pérez.

Los investigadores determinaron que los empleadores no pagaron a los trabajadores H-2A los salarios requeridos, ni les pagaron al menos tres cuartas partes de las horas de trabajo en sus contratos. Tampoco reembolsaron a los trabajadores H-2A las tarifas de visado y de cruce de la frontera, tal como se exige, dijo el departamento en el comunicado.

Además, los empleadores rechazaron ilegalmente a trabajadores nacionales y no pagaron la tarifa del programa a los trabajadores contratados junto a los que tenían visas H-2A. No proporcionaron declaraciones salariales a los trabajadores ni pagaron los salarios a tiempo, según el comunicado.

La investigación tuvo lugar de marzo de 2017 a diciembre de 2019, dijo el portavoz del departamento Mike Petersen. Los empleadores han pagado las sanciones civiles y los salarios atrasados, dijo Petersen, y el departamento está dispersando el dinero que se debe a los trabajadores.

“Normalmente, si hay un retraso entre la conclusión de una investigación y el comunicado de prensa, es porque estamos tratando de concluir las actividades resultantes de esa investigación”, dijo Petersen. “Así nos aseguramos de obtener el dinero del empleador y de pagar a los trabajadores”.

El departamento no tiene una fecha prevista de finalización para pagar a los trabajadores afectados. Encontrar a los trabajadores suele ser difícil, dijo Petersen, porque se van a otros empleos o a la siguiente cosecha.

Para reclamar los salarios adeudados, los trabajadores pueden seguir las instrucciones de la página de Salarios Adeudados a los Trabajadores en el sitio web del departamento y llamar a una línea de ayuda al 866-487-9243.

Los registros de la investigación son confidenciales

Petersen se negó a revelar el motivo de la investigación, añadiendo que el departamento no suele divulgar esa información. Muchas investigaciones se inician a partir de denuncias, pero todas ellas son confidenciales, añadió. Para proteger a los trabajadores de posibles represalias, Petersen dijo que el departamento no divulga la naturaleza de las quejas ni identifica quién las presentó.

El departamento tampoco puede divulgar los registros relacionados con la investigación, dijo Petersen. Los empleadores de Turlock y el departamento resolvieron el caso sin litigio, dijo Petersen, por lo que no se presentó públicamente ninguna sentencia de consentimiento en los tribunales. Si los empleadores no están de acuerdo con las violaciones y las multas, Petersen dijo que los casos suelen ir a los tribunales.

El otro empleador en la investigación de Turlock fue Roberto Pérez Farms. Roberto Pérez dijo a los investigadores en 2021 que ya no utiliza ese nombre comercial legal y que sus hijos ahora dirigen Perez Bros Farms de forma independiente, dijo Petersen.

Pero Edgar Pérez canceló una reunión con The Bee, diciendo que sus socios –su hermano y su padre– no querían proceder. Pérez había invitado a The Bee a visitar Pérez Bros Farm y a mostrar a los periodistas las viviendas y los camiones para transportar a los trabajadores del programa H-2A.

Extendió la invitación una semana después de que dijera a The Bee que su empresa no era la Pérez Bros Farm identificada en el comunicado de prensa del Departamento del Trabajo. Debido a que la investigación terminó hace más de un año y él respondió a la llamada durante una reunión, Pérez dijo más tarde que se confundió durante la entrevista telefónica inicial.

Expertos en agricultura comparten sus conocimientos

Para ayudar a sus cerca de 1,600 miembros a cumplir con las leyes laborales, la Oficina Agrícola del Condado Stanislaus ofrece capacitación sobre temas que van desde la capacitación en pesticidas hasta la prevención de enfermedades por el calor. La oficina no ha impartido una clase sobre el programa H-2A recientemente, dijo Anna Genasci, que coordina la capacitación de cumplimiento para la oficina.

Si un miembro de la oficina solicitara una clase sobre el programa H-2A, Genasci dijo que estudiaría la posibilidad de coordinar una capacitación. Hablando en general y no específicamente sobre la investigación de Pérez, Genasci dijo que cumplir con las normas H-2A es un reto.

Muchos productores no pueden cumplir con los requisitos de vivienda debido a los altos precios de los bienes raíces, dijo Genasci. El programa de trabajadores agrícolas temporales también puede no adaptarse a las necesidades de los productores de leche que necesitan trabajadores durante todo el año.

“Francamente, no creo que el H-2A se use mucho en nuestro condado”, dijo Genasci. “...Pero, quién sabe, a medida que las cosas evolucionan y las necesidades de mano de obra se desarrollan, pudiera ser algo que la gente comience a usar más”.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos no clasifica a los participantes del programa H-2A por condados en sus datos de divulgación. El año pasado, unos 30,000 trabajadores fueron admitidos en California bajo el programa H-2A, dijo Mark Schacht, subdirector de la California Rural Legal Assistance Foundation. Schacht también habló en general sobre el programa y no específicamente sobre el caso de Turlock.

Los empleadores del programa H-2A suelen traer trabajadores del centro o sur de México que no tienen experiencia laboral previa en California, dijo Schacht. Estos trabajadores a menudo no entienden las leyes que los sindicatos y organizaciones como la fundación han impulsado en los últimos 50 años, dijo Schacht.

“Algunos de los empleadores en este sistema parecen tener un modelo de trabajo explotador, donde la información de los trabajadores sobre sus derechos básicos pudiera conducir a lugares de trabajo que cumplieran mejor”, dijo Schacht.

Después de que sus contratos terminan o los empleadores los despiden, los trabajadores H-2A han acudido a las oficinas de la fundación y se han enterado de las protecciones en temas que van desde el alto calor hasta el humo de los incendios forestales, dijo Schacht. Esas protecciones no se indicaban en sus órdenes de trabajo, dijo Schacht, y la fundación ha investigado sus reclamaciones.

A continuación, la fundación se pone en contacto con los empleadores para discutir cómo resolver las denuncias. A veces los problemas acaban en demandas y acuerdos de conciliación, dijo Schacht. La fundación, al igual que el Departamento del Trabajo tras sus investigaciones, tiene entonces la responsabilidad de encontrar a los trabajadores para pagarles su dinero.

Proyecto de ley de California podría ayudar en este asunto

Para ayudar a garantizar que los trabajadores conozcan sus derechos según las leyes de California, Schacht dijo que la fundación patrocinó una legislación sobre los derechos de los trabajadores H-2A. La asamblea estatal aprobó el proyecto de ley AB 857 el año pasado, pero aún está pendiente de aprobación en el Senado.

Si se promulga, el proyecto de ley exigiría a los empleadores que proporcionen a los empleados H-2A una notificación por escrito de sus derechos en virtud de las leyes federales y de California. La notificación estaría en español y también en inglés si el empleado lo solicita, según el resumen del proyecto de ley.

El proyecto de ley de dos años también requeriría que el comisionado del trabajo del estado publicara el aviso en su sitio web y lo pusiera a disposición de los empleadores.

Presentado por el asambleísta Ash Kalra, demócrata de San José, el proyecto de ley tiene hasta junio para ser aprobado por el Senado, dijo Schacht.

Esta historia fue publicada originalmente el 7 de marzo de 2022, 11:58 a. m..