California dio sentencias más cortas a los presos. ¿Pero eso incluye también a los violentos?
En 2016, los votantes de California aprobaron sin reservas la Proposición 57, una medida que prometía ayudar al hacinamiento en las cárceles permitiendo a los reclusos no violentos solicitar la libertad condicional antes y reducir sus condenas con créditos por buen comportamiento y programas de rehabilitación.
En ese momento, la Asociación de Fiscales de Distrito de California advirtió que podía causar problemas.
“Los autores de la Proposición 57 afirman que solo aplica a los delitos no violentos...”, escribieron en el argumento de oposición a la votación. Pero, argumentaron, también autorizaría “a los burócratas del gobierno estatal a reducir muchas sentencias por ‘buen comportamiento’, incluso para reclusos condenados por homicidio, violación, abuso de menores y tráfico de personas”.
Seis años después, los representantes de la asociación se sienten cómodos diciendo: “Te lo dije”.
La medida fue sometida a un nuevo escrutinio desde que el diario The Sacramento Bee informó que Smiley Martin, uno de los sospechosos de un tiroteo masivo ocurrido en abril en el centro de Sacramento, recibió una combinación de créditos previos y posteriores a la sentencia del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California (CDCR) que le permitieron cumplir cinco años de una condena de 10 años de prisión.
La Proposición 57 otorgó al CDCR la facultad de aumentar la cantidad de créditos que pueden obtener todos los presos, incluyendo los delincuentes violentos. La agencia hizo esto tanto para los delincuentes violentos como para los no violentos desde que se aprobó la medida, a través de actualizaciones de políticas en 2017 y 2021.
En virtud de un controversial cambio que el CDCR comenzó a aplicar en 2021, muchos reclusos condenados por delitos violentos pudieran reducir sus sentencias en un tercio. Incluso pudieran reducir su tiempo en prisión a la mitad participando en campamentos de lucha contra incendios.
En general, la Proposición 57 ayudó a disminuir el hacinamiento en las prisiones de California y dio a los reclusos incentivos para participar en programas de rehabilitación.
Pero Greg Totten, que trabajó en la oposición a la Proposición 57 como Fiscal de Distrito del Condado Ventura, todavía se siente justificado al decir que el análisis que él y otros hicieron “ahora ha demostrado ser completamente exacto”.
“Una de las cosas que logró de lo que prometió fue reducir la población carcelaria”, dijo Totten. Y lo ha conseguido, porque permitió que un número increíble de personas extremadamente peligrosas saliera a nuestras comunidades para aprovecharse de ellas una vez más”.
“Y las promesas que hicieron, que los proponentes hicieron, demostraron ser falsas en gran medida”.
¿Qué hace la Propuesta 57?
La descripción de la Propuesta 57 que los votantes vieron cuando abrieron sus boletas decía: “Permite la consideración de la libertad condicional para los delincuentes no violentos. Autoriza créditos de sentencia por rehabilitación, buen comportamiento y educación”.
Al aprobar la Propuesta 57, los votantes acordaron permitir oportunidades de libertad condicional anticipada para ciertos reclusos condenados por delitos no violentos. La junta de libertad condicional no está obligada a dejarlos salir, solo puede considerar sus casos antes de lo usual.
Algunos delincuentes no violentos ya podían optar a la libertad condicional después de haber cumplido al menos la mitad de su condena. Pero la Proposición 57 les permite presentarse ante la junta de libertad condicional después de haber cumplido la totalidad de la pena en prisión por su delito principal sin agravantes.
Otra parte de la medida, menos conocida, incluía un texto que otorgaba al CDCR el poder de realizar cambios en el sistema de obtención de créditos. Esto afecta a los reclusos condenados por delitos violentos, así como a los que cumplen condena por delitos no violentos.
Permite a los presos acortar sus sentencias participando en varios programas del CDCR, incluyendo rehabilitación de drogas, trabajo y cursos de capacitación.
Antes de la Proposición 57, los reclusos podían obtener créditos por motivos similares, aunque los condenados por delitos violentos solo podían reducir sus penas en un 15%.
California y el hacinamiento en las cárceles
Si se tuviera una máquina del tiempo para volver a 2016 –antes de la elección del expresidente Donald Trump, antes de que Gavin Newsom se convirtiera en gobernador– se encontraría que el hacinamiento en las cárceles era uno de los mayores problemas de California.
La población carcelaria del estado se disparó en las décadas de 1980 y 1990: era siete veces mayor en 2006 que en 1980, según el Instituto de Políticas Públicas de California. En 2009, una corte federal ordenó a California que redujera el número de reclusos en sus instalaciones estatales al 137.5% de su capacidad de diseño.
La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó esta decisión en 2011, diciendo que el hacinamiento en las prisiones del estado conducía a condiciones que constituían un castigo cruel e inusual.
Estos casos judiciales impulsaron una serie de políticas para reducir la población carcelaria. El Proyecto de Ley 109 de la Asamblea, también conocido como realineación de prisiones, trasladó a algunos presos condenados por delitos que no eran graves, violentos o sexuales a las cárceles de los condados.
Los votantes del estado también ayudaron a promulgar una serie de cambios.
En 2012, los votantes aprobaron la Proposición 36, que permite a los reclusos que cumplen más tiempo en prisión como resultado de la ley de “tres strikes” de California cambiar sus sentencias.
En 2014, los californianos aprobaron la Proposición 47, que disminuyó las penas por delitos de bajo nivel de sustancias ilegales y de propiedad, como posesión de drogas y robo.
Estos cambios hicieron que la población carcelaria del estado disminuyera, pero lentamente. A finales de enero de 2015, las instalaciones del estado se encontraban al 137.2% de su capacidad, por debajo del 200.2% de su capacidad en noviembre de 2006, pero solo tres décimas por debajo de la cifra requerida, informó The Bee.
La Proposición 57 del gobernador Jerry Brown
El gobernador Jerry Brown presentó la Proposición 57 como una forma de solucionar el problema de la superpoblación carcelaria que él mismo ayudó a crear en la década de 1970, durante su anterior mandato.
Una ley que firmó en aquel entonces creó sentencias determinadas, que daban a los reclusos una fecha específica en la que saldrían. Esto era diferente de las anteriores sentencias indeterminadas, que terminaban cuando una junta de libertad condicional decía que los presos estaban listos para reincorporarse a la sociedad.
Hoy en día, la mayoría de los reclusos cumplen sentencias determinadas, aunque algunos siguen recibiendo sentencias indeterminadas. Por ejemplo, algunos reclusos cumplen sentencias con un mínimo determinado –como 25 años– hasta la cadena perpetua. Otros cumplen cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.
Desde que Brown promulgó por primera vez la ley de sentencias determinadas, el estado ha añadido continuamente tiempo por adiciones –como el uso de armas o la afiliación a pandillas– o por haber cometido previamente delitos graves. A lo largo de décadas, esto condujo a la crisis de hacinamiento en las prisiones de California, ya que los reclusos cumplían sentencias más largas con menos oportunidades de salir antes.
“Ahora la discreción de la junta de libertad condicional se está trasladando al fiscal y a la Legislatura”, dijo Brown a la Junta Editorial de The Bee en 2016. “La Legislatura es la nueva junta de libertad condicional, de hecho. Ellos escriben las leyes”.
Brown quería dar a los reclusos la oportunidad de ganarse su salida de la cárcel antes, pensando que la esperanza de una sentencia más corta los haría más propensos a cumplir con las reglas del CDCR y mejorar a través de programas de rehabilitación.
“La mayoría de las personas a las que se dirige esta iniciativa saldrán de todos modos”, dijo Brown. “Afirmo que si se ganan su salida mediante un cambio de comportamiento positivo, mediante la educación, el tratamiento de drogas, la salud mental, la terapia cognitiva –cualquier tipo de cosas que desarrollaremos– estarán mejor”.
La oposición a la Prop. 57 dice que los delincuentes violentos quedarán libres
Gran parte de la campaña contra la Proposición 57 se centró en los límites entre los delitos violentos y los no violentos.
La medida no definía los delitos “no violentos”, y un informe de la Oficina del Analista Legislativo de 2016 “(asumía) que un delito grave no violento incluiría cualquier delito grave que no esté específicamente definido en el estatuto como violento”.
Los oponentes, como la Asociación de Fiscales de Distrito, aprovecharon esto para señalar que algunos delincuentes supuestamente no violentos podrían salir antes de la cárcel con la Propuesta 57.
Por ejemplo, la lista de delitos violentos según la ley de California no incluye la violencia doméstica –el delito por el que Martin recibió su condena– ni la violación de una persona inconsciente.
Un anuncio en video de 2016 promocionando decir No a la 57 instaba a los votantes a “detener la liberación anticipada de criminales violentos”. Mostraba imágenes de noticias de incidentes en los que agentes de policía murieron o resultaron gravemente heridos antes de mostrar tarjetas con un puñado de rostros de reclusos conocidos bajo las palabras “conoce a tu nuevo vecino”.
“La Proposición 57 permite que miles de criminales violentos salgan de prisión antes de tiempo para violar, asesinar y matar a más policías”, decía una voz narrando. “Con los índices de criminalidad en alza, la Proposición 57 es un desastre para California. Vota no a la 57”.
Sin embargo, todos los presos cuyos rostros aparecían en el anuncio siguen tras las rejas seis años después, según los registros del CDCR. Y los materiales de decir No a la 57 que decían que esos presos podían ser liberados “de inmediato”, eran inexactos, dada la discrecionalidad de la junta de libertad condicional y el tiempo que llevaría ganar créditos.
Pero Totten, que ahora está retirado de su papel como fiscal y es el director general de la Asociación de Fiscales de Distrito, todavía se siente seguro de que la Proposición 57 fue un “fracaso absoluto”.
“Dijeron fundamentalmente que haría a California más segura porque estos reclusos rehabilitados la hacen mejor una vez que son liberados”, dijo Totten. “Los reclusos no rehabilitados; creemos en la rehabilitación, pero la gente que no está siendo rehabilitada está siendo liberada bajo esta ley. Y California es mucho menos segura hoy que antes de la promulgación de la Proposición 57”.
Los reformadores de la justicia penal siguen apoyando la Proposición 57
Los reformadores de la justicia penal y los expertos en políticas siguen respaldando la Proposición 57, diciendo que ha ayudado a disminuir el hacinamiento en las prisiones, al mismo tiempo que ha dado a los reclusos que eventualmente saldrán de la cárcel un incentivo para cambiar su comportamiento.
“Una vez que cumplieron su condena, son liberados, ¿verdad?”, preguntó Scott Graves, director de investigación del Centro de Política y Presupuesto de California. “Consiguen un boleto de autobús, reciben dinero en la puerta y salen de la cárcel, y son devueltos a sus comunidades. Así que no es que cuando alguien sale de la cárcel sea un gran shock, ¿verdad? Sabíamos que iban a ser liberados porque tenían una sentencia determinada. Iban a salir en algún momento”.
Una combinación de políticas de revisión de las prisiones como la Proposición 57, junto con las liberaciones por la pandemia del COVID-19, disminuyeron significativamente la población carcelaria del estado. Las instalaciones de California siguen superando su capacidad en un 111.7%, pero albergan a muchos menos reclusos que hace 10 años, según datos del CDCR del 9 de marzo.
La agencia informó que 1,653 reclusos liberados en febrero –el mismo mes en que Martin salió– obtuvieron un promedio estimado de 251.3 días de crédito adicional para reducir sus condenas.
Graves dijo que, históricamente, California encarcela en exceso a la gente, de una manera que no está en consonancia con la investigación del sistema de justicia. Esto conduce a un gasto estatal excesivo y a unas condiciones carcelarias deficientes que no han hecho más seguras a las comunidades, dijo.
Graves cree que los votantes estaban bien informados sobre la Propuesta 57. Tuvieron la oportunidad de escuchar los argumentos de la oposición y votar en contra, dijo, pero tomaron un camino diferente.
“A los votantes se les dijo: ‘Esta es una oportunidad para que el estado impulse su reforma de la justicia penal, votantes de California. ¿Están a favor o en contra?”, dijo Graves. “Así que los votantes tenían una decisión muy clara que tomar. Y en 2016, no hace mucho, dijeron: ‘Queremos seguir avanzando en las reformas del sistema de justicia en California’, y por eso votaron que sí. Escucharon todos los argumentos en contra. Hubo los anuncios de televisión estándar, hubo la refutación en la guía del votante. Hubo muchas formas en que los opositores pudieron hacer llegar sus argumentos, y los votantes no se lo creyeron”.