La junta escolar de Parlier Unified está tratando de evitar pagar a una ex superintendente hasta $250,000 porque dicen que su acuerdo de separación fue aprobado ilegalmente por una junta escolar saliente.

Altagracia Guerrero, la exsuperintendente que renunció a finales del año pasado, está buscando una orden judicial para hacer cumplir el acuerdo. Según su abogado, Guerrero no ha recibido ni un centavo.

Mientras tanto, los miembros de la junta del distrito afirman que el acuerdo de separación no es válido y dicen que no deberían tener que cumplirlo.

“El acuerdo no fue aprobado legalmente”, dijo el abogado Jimmy Gutiérrez en la más reciente reunión de la junta del distrito. El distrito contrató a Gutiérrez el 10 de enero específicamente para revisar su acuerdo de separación con Guerrero.

Dijo que el acuerdo no estaba debidamente incluido en el orden del día de la sesión a puerta cerrada de la junta en la reunión del 6 de diciembre donde fue aprobado y que la junta no lo dio a conocer antes de entrar en sesión a puerta cerrada ese día, y que ambas cosas, dijo, violan la Ley Brown, las leyes de California de reuniones abiertas para las juntas de gobierno de elección.

A pesar de ello, el acuerdo de separación fue aprobado por los fideicomisarios 4-1, y solo el miembro de la junta Martín Mares votó en contra durante la reunión del 6 de diciembre.

El abogado de Guerrero, Barry Bennett, presentó una petición el 10 de febrero, pidiendo a la corte que ordene a Parlier Unified cumplir con su parte del trato.

El acuerdo incluye 12 meses de salario de Guerrero –que era de más de $193,000 hacia el final de su mandato– más beneficios, así como 30 días de vacaciones no tomados.

Bennett dijo al Ed Lab que el distrito tiene 30 días desde que se presentó la petición para responder, a menos que soliciten más tiempo.

Esta batalla legal en ciernes es la más reciente de una serie de controversias recientes que la junta del pequeño distrito de poco menos de 3,500 estudiantes enfrenta en relación con los recientes superintendentes.

También renovó las tensiones entre el administrador Eric Molina y el resto de la junta.

Durante el debate sobre la validez del acuerdo de separación, él no solo lo calificó de despilfarro de dinero de los contribuyentes, sino que cuestionó si surgió de una “venganza personal contra la doctora Guerrero”.

Otros fideicomisarios reafirmaron porqué contrataron a Gutiérrez para investigar.

“Creo que es nuestra diligencia debida como junta continuar con ello”, dijo la miembro de la junta Elena Gonzales, “no un desperdicio del dinero de los contribuyentes”.

Una nueva junta escolar

El acuerdo de separación de Guerrero del 6 de diciembre fue aprobado durante la última reunión de la junta directiva saliente, tras las elecciones intermedias de noviembre.

Esa junta estaba encabezada por Eric Molina y Joe Vásquez, presidente y vicepresidente respectivos de la junta anterior. Elizabeth Tienda, Gonzales y Mares también formaban parte de la junta antes de las elecciones.

La elección cambió la composición de la junta, así como su dinámica de poder, según algunos. Dos aspirantes, Nathaniel Cid y Mary “Dee Dee” Sánchez, sustituyeron a los titulares, ya que Vásquez perdió su candidatura a la reelección y Tienda no se postuló para otro mandato.

Mares y Gonzales se convirtieron en diciembre en presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Antes de que la nueva junta tomara posesión, Guerrero se dirigió a los administradores en funciones con una propuesta, según la petición de su abogado.

Ella sugirió renunciar, a pesar de haber recibido una extensión de contrato hasta junio de 2024, “para dar a los miembros de la junta entrante la oportunidad de seleccionar un superintendente del Distrito de su propia elección”, según la petición.

A cambio, solicitaba el pago parcial de su salario y beneficios.

La petición afirma que la junta redactó un acuerdo de separación “con la asistencia de un abogado del Distrito” y lo aprobó en una reunión “debidamente agendada y notificada” el 6 de diciembre, durante la cual la junta fue notificada en sesión abierta sobre el acuerdo.

Una resolución de la junta de Parlier Unified aprobada 4-1 en su reunión del 21 de febrero, por otra parte, afirma que el orden del día de la reunión del 6 de diciembre no menciona el acuerdo de separación en las partes de sesión cerrada o pública, ni el presidente de la junta en el momento, Molina, lo reveló antes de entrar en sesión cerrada o inmediatamente después de regresar a la sesión pública.

Molina fue el único administrador que votó en contra de la resolución el 21 de febrero.

La resolución señala que Molina informó más tarde de una votación en sesión a puerta cerrada sobre un acuerdo de separación sin nombrar a Guerrero y dando en su lugar un número de identificación de empleado.

Tanto Molina como Mares confirmaron que la junta consultó con el asesor legal del distrito sobre el acuerdo de separación, aunque el nuevo abogado del distrito, Gutiérrez, ha adoptado una postura diferente.

“Solo porque un abogado apruebe un contrato no significa que sea correcto”, dijo Mares al Ed Lab. “Tenemos que adherirnos a todos los estatutos y normas y políticas de gobierno, como la Ley Brown, y asegurarnos de que ... somos buenos administradores de los recursos de nuestra comunidad”.

Mares añadió que la junta tomó la iniciativa de congelar cualquier pago a Guerrero mientras su abogado revisaba el acuerdo de separación.

Bennett dijo que no ha tenido noticias del asesor legal de Parlier Unified, ni estuvo presente en la última reunión de la junta del distrito el 21 de febrero, por lo que aún no estaba al tanto de cuál es la “objeción” del distrito al acuerdo de separación.

“No reconozco que hubiera una”, dijo, con respecto a la alegación de Parlier Unified de violaciones de la Ley Brown. “Hablé con la doctora Guerrero, y ella dijo que hasta donde ella sabe, se hizo de acuerdo con la Ley Brown. Así que supongo que lo averiguaremos”.

La reacción de la junta

Molina criticó la decisión de la junta con respecto al acuerdo de separación, calificándolo de fiscalmente irresponsable.

“No podemos volver atrás y cambiar lo que una junta aprobó”, dijo. “Si ese es el caso, vuelvo tres años atrás y cambio lo que la junta aprobó hace tres años. Eso es una infracción”.

También declaró que todo lo que la junta hizo en la reunión del 6 de diciembre se hizo correctamente y en cumplimiento de la Ley Brown.

Sánchez, Gonzales y Mares, por su parte, agradecieron a Gutiérrez su investigación sobre el acuerdo de separación. Cid estuvo ausente de la reunión.

“Esperamos con interés las revelaciones”, dijo Mares.

“Es imperativo que hagamos lo correcto, y eso es proteger a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad, a nuestros maestros y no estar proporcionando ningún tipo de acuerdo secreto”.

Mares y Molina también han estado en desacuerdo sobre el nombramiento del sucesor de Guerrero, Rafael Íñiguez, quien anteriormente se desempeñó como director de Educación Técnica Profesional del distrito.

Fue seleccionado para sustituir a Guerrero tres días después de la dimisión de esta. Molina criticó a la junta por no anunciar el puesto ni realizar una búsqueda formal, y calificó el nombramiento de Íñiguez de “poco ético”. Mares respondió que la junta tiene la prerrogativa legal de nombrar a un superintendente desde dentro del distrito o mediante la realización de una búsqueda externa.

En cuanto a lo que sigue con el acuerdo de separación, Bennett dijo al Ed Lab que espera que Parlier Unified responda de una de tres maneras.

Los abogados del distrito pueden responder a la petición con una defensa de porqué no adeudan el dinero, como una opción. Alternativamente, el abogado del PUSD pudiera presentar una recusación, citando algún problema con la petición del abogado de Guerrero. O, sus abogados pudieran solicitar un juicio sumario, como tercer curso de acción.

No hubo respuesta de los abogados de Parlier Unified de acuerdo con los registros de la Corte Superior del Condado de Fresno el lunes por la tarde.

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