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Demandas por abusos sexuales pueden resultar en la bancarrota de la Iglesia Católica de Sacramento

El interior de la Catedral del Santísimo Sacramento, el lunes 29 de abril de 2019, en Sacramento. La Diócesis Católica Romana de Sacramento publicará una lista esta semana identificando a sacerdotes y diáconos que se ha determinado fueron acusados creíblemente de abuso sexual de menores, dijo el obispo Jaime Soto en una carta el domingo. Santísimo Sacramento
El interior de la Catedral del Santísimo Sacramento, el lunes 29 de abril de 2019, en Sacramento. La Diócesis Católica Romana de Sacramento publicará una lista esta semana identificando a sacerdotes y diáconos que se ha determinado fueron acusados creíblemente de abuso sexual de menores, dijo el obispo Jaime Soto en una carta el domingo. Santísimo Sacramento rbyer@sacbee.com

La Diócesis Católica Romana de Sacramento enfrenta la insolvencia tras más de 200 demandas por presuntos abusos sexuales a menores.

El obispo Jamie Soto lo dijo en una carta el domingo por la noche, al abordar las demandas civiles y reconocer su posible impacto financiero. La mayoría de las demandas son anteriores a la década de 1990, ya que la ley estatal amplía el plazo de prescripción de estos casos.

“Un aspecto vital de asumir y expiar los pecados del pasado es resolver las demandas presentadas por las víctimas sobrevivientes de una manera justa y responsable”, escribió Soto. “Me he comprometido con este principio e intento vivirlo en cada caso”.

El obispo admitió que, ante el “asombroso número” de reclamaciones, el “desafío financiero no se parece a nada a lo que hayamos enfrentado antes.

“Debo considerar qué opciones tenemos, en caso de que la diócesis se declare insolvente”, dijo Soto.

Las demandas civiles están siendo gestionadas por un juez del Condado de Alameda. Soto dijo que la diócesis ha comenzado las primeras discusiones con el tribunal para un “proceso de resolución de reclamaciones viable”. Las reclamaciones fueron posibles en virtud del Proyecto de Ley de la Asamblea 218, la ley de California de 2019 que dio a las víctimas una ventana para mirar en retrospectiva y poder presentar reclamaciones hasta finales de 2022.

“Estoy empeñado en resolver todas las reclamaciones de la manera más justa posible. Dado el número de reclamaciones que se han presentado, sin embargo, resolverlas puede abrumar las finanzas de la diócesis disponibles para satisfacer tales reclamaciones”, dijo Soto.

Soto no nombró la bancarrota como una opción, pero dijo que “debo considerar qué opciones tenemos disponibles, en caso de que la diócesis se declare insolvente”.

La lista de diócesis que se han acogido a la protección por quiebra es larga y sigue creciendo. La diócesis de Santa Rosa se acogió al Capítulo 11 en diciembre y su obispo, Robert Vasa, calificó la medida como “el resultado inevitable de un número insuperable de reclamaciones”.

Esto se produjo después de que las diócesis en Harrisburg, Pennsylvania, y Rochester, Nueva York, resolvieran sus casos del Capítulo 11 a finales del año pasado. Ambas diócesis reservaron millones para los sobrevivientes de abusos.

Las diócesis en Stockton y San Diego también han solicitado previamente protección federal ante las demandas.

En total, la Iglesia católica estadounidense ha pagado más de $2,000 millones en gastos legales, según el Bay Area News Group.

La Red de Sobrevivientes de los Abusados por Sacerdotes (SNAP) respondió a Soto en un comunicado el martes por la mañana. La organización criticó a la diócesis y dijo que durante muchos años “ignoró los casos de clérigos que abusaban sexualmente y violaban a niños”.

SNAP también pidió que el juez exija tres elementos antes de permitir que la diócesis se declare en bancarrota: estados financieros auditados con un historial de 20 años, un balance auditado que incluya los valores actuales de las acciones, bonos, rentas vitalicias e intereses de propiedad de la empresa y archivos secretos sobre los abusadores.

“Sacramento tiene enormes flujos de efectivo en forma de donaciones semanales y mensuales, todo ello libre de impuestos. Posee cientos, si no miles, de parcelas de propiedad”, escribió SNAP. “El hecho de que haya segregado o no esos activos en participaciones separadas, como hacen las empresas sofisticadas, no debería engañar a un juez de bancarrotas. Todo está controlado por el obispo. Solo él decide qué se vende y qué no. Ni una sola transacción en una diócesis puede seguir adelante sin su sello de aprobación”.

La lista de sacerdotes y diáconos acusados que trabajaron en Sacramento puede consultarse en scd.org/clergyabuse/list.

La diócesis anima a cualquier persona que pudo ser víctima de abusos sexuales por parte del clero, o que conozca a alguien en esa situación, a denunciarlo a las fuerzas del orden. El Coordinador de Atención Pastoral de la Diócesis puede ser contactado a través del número gratuito 866-777-9133.

Esta historia fue publicada originalmente el 28 de febrero de 2023, 5:09 p. m..

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