Legisladora de California propone limitar los traslados de prisiones estatales al ICE
Una legisladora de California está haciendo un tercer intento para limitar que las prisiones estatales transfieran a los no ciudadanos a la custodia federal de inmigración después de completar sus sentencias, algo que los activistas llaman un “doble castigo”.
Este año, la asambleísta Wendy Carrillo, demócrata de Los Ángeles, redactó una versión más reducida de la ley para aumentar sus posibilidades. El año pasado, un proyecto de ley similar fue rechazado por tres votos en el Senado por motivos de seguridad pública.
El más reciente proyecto de ley de Carrillo, llamado Ley HOME, aplicaría ahora a los no ciudadanos que entren en ciertas categorías, incluyendo a las personas que estén enfermas y moribundas, las personas que recibieron clemencia del gobernador y algunas personas que recibieron condenas cuando eran jóvenes.
“Hace tiempo que deberíamos haber puesto fin a un sistema dual de justicia en California”, dijo Carrillo, en una rueda de prensa el pasado miércoles. “Un sistema que castiga doblemente a inmigrantes y refugiados por ciertos delitos solo por el país en el que nacieron”.
En versiones anteriores, la legislación habría cubierto a la mayoría de los no ciudadanos en prisiones y cárceles estatales. La nueva medida solo aplica a las prisiones.
Aunque la ley de California prohíbe a la policía local y a los alguaciles cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (CIE) en algunos delitos, la normativa no aplica a las prisiones.
Los activistas creen que la medida de 2023, si se aprueba, puede ampliarse con una legislación de seguimiento.
“No se trata de todos los traslados del ICE, todavía, pero realmente se centra en que tenemos que empezar a armonizar el progreso que hemos hecho en la reforma de la justicia penal y asegurarnos de que no dejamos fuera a la gente”, dijo Salvador Sarmiento, director de campañas de la National Day Laborer Organizing Network.
Ese “progreso” se refiere a los últimos 10 años de legislación que aborda la relación de California con las autoridades federales de inmigración.
En 2013, el estado aprobó la Ley “Trust”, que estableció una norma mínima para limitar las solicitudes de retención de inmigrantes en las cárceles locales. Tres años más tarde, California aprobó la Ley “Truth” para exigir más transparencia a las fuerzas del orden cuando se trata de la aplicación de la ley de inmigración. Más recientemente, en 2018, la Ley “Values” garantiza que los recursos estatales y locales no se usen para ayudar a la aplicación de la ley federal de inmigración.
“Estas leyes de reforma de la justicia penal ampliamente respaldadas son un paso para abordar ese problema más grande de las transferencias del sistema penitenciario estatal al ICE”, dijo Carl Takei, administrador del programa de reforma de la justicia penal en Asian Law Caucus.
El martes, la legislación de Carillo fue aprobada en la Comisión Judicial de la Asamblea por 8 votos a favor y 3 en contra. Ahora se dirige a la Comisión de Asignaciones de la Asamblea, donde se estimarán los costos potenciales del proyecto de ley. Los activistas esperan que los costos sean inferiores a los de la legislación anterior.
Se estima que el proyecto de ley del año pasado habría costado al estado $22 millones al año, según el Departamento de Correccionales y Rehabilitación. Se calcula que los traslados al ICE cuestan al estado $10.3 millones cada dos años.
Funcionarios de prisiones también pronosticaron que supervisarían a unos 2,500 presos en libertad condicional más que, de otro modo, habrían sido deportados.
En el momento de la votación en el Senado, nueve senadores demócratas se abstuvieron de votar. La medida también enfrentó la oposición de legisladores republicanos y de organizaciones de las fuerzas del orden.
La Peace Officers Research Association of California, que se opuso al proyecto de ley del año pasado, no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.
La oficina de Carrillo y activistas no pudieron proporcionar una estimación de cuántas personas calificarían para la protección frente al ICE. Pero el sistema penitenciario estatal transfirió a casi 2,200 personas al ICE desde enero de 2020 hasta julio de 2021, según el Asian Law Caucus.
Esta historia fue publicada originalmente el 20 de abril de 2023, 11:21 a. m..