Un grupo de trabajadores agrícolas demanda a la Patrulla Fronteriza por las redadas de inmigración en el centro de California. Lo que sabemos
La Unión de Trabajadores Agrícolas (United Farm Workers, UFW) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de California están demandando al gobierno federal por las redadas de deportación de enero de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en el condado de Kern que llevaron a 78 arrestos.
La demanda presentada el miércoles, 26 de febrero, en la División Fresno del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Este de California nombra a cinco residentes del condado de Kern: Oscar Morales Cisneros, Wilder Munguia Esquivel, Yolanda Aguilera Martínez, Juan Vargas Méndez y María Guadalupe Hernández Espinosa, como demandantes.
La demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos califica las redadas federales que ocurrieron en áreas predominantemente latinas del Valle como ilegales y una violación de la Constitución de Estados Unidos y la ley federal.
“Nos detuvieron porque nos veíamos latinos o como trabajadores agrícolas, por el color de nuestra piel. Fue injusto”, dijo la demandante Hernández Espinoza en un comunicado de prensa. “Espero que se protejan nuestros derechos para que todos los trabajadores puedan trabajar y vivir en paz”.
En una entrevista anterior con The Fresno Bee sobre las redadas de enero, la abogada directora de la Fundación UFW, Sofia Corona, le dijo a The Bee en enero que las redadas del condado de Kern estaban dirigidas a los trabajadores agrícolas.
Corona dijo que los agentes parecían estar discriminando racialmente a las personas que parecían indocumentadas, pidiéndoles documentación y apuntando a los conductores que se dirigían al trabajo “en una carretera que los trabajadores agrícolas usan habitualmente para ir a trabajar”.
La demanda dice que agentes federales detuvieron y arrestaron a personas de color que parecían ser trabajadores agrícolas o jornaleros, independientemente de su estatus migratorio real o circunstancias individuales, y los transportaron a la Estación de Patrulla Fronteriza de El Centro.
La denuncia también alega que los agentes coaccionaron y engañaron a los trabajadores que detuvieron para que renunciaran a su derecho a ver a un juez de inmigración y se sometieran a la “salida voluntaria”, una forma de expulsión sumaria que puede resultar en una prohibición de reingreso a los Estados Unidos durante años.
La demanda dice que los demandantes Morales Cisneros, Vargas Méndez y Hernández Espinoza fueron detenidos en celdas frías y sin ventanas, iluminadas las 24 horas del día, sin cama, colchón ni mantas, salvo una lámina de aluminio. Los agentes de la Patrulla Fronteriza negaron sus reiteradas solicitudes de llamar a un abogado o a su familia. En ningún momento los agentes de la Patrulla Fronteriza les proporcionaron información escrita sobre la salida voluntaria en un idioma o formato que pudieran leer, según la denuncia.
Hernández Espinoza, quien había residido en el condado de Kern durante 20 años, dijo que los agentes federales le pidieron que firmara formularios que no le permitieron leer, sin revelar que estaba aceptando abandonar el país, e ignoraron sus súplicas de una oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración.
Hernández Espinoza y al menos otras 40 personas fueron deportadas a México y separadas de sus familias, sin saber cuándo volverán a ver a sus seres queridos, según la demanda.
Los funcionarios de la Patrulla Fronteriza han dicho que su operación, denominada “Devolver al remitente”, estaba dirigida a inmigrantes indocumentados que se sabía que habían cometido delitos.
“Las acciones de control de la Patrulla Fronteriza están muy focalizadas”, dijo un portavoz del DHS en un comunicado el miércoles. “Las empresas que trafican con personas y explotan a los migrantes para obtener mano de obra barata deberían tener miedo: las perseguiremos. En cuanto a las empresas que respetan la ley, los medios de comunicación están creando miedo intencionalmente”.
“Seamos claros: si hubiera alguna correlación entre la inmigración ilegal desenfrenada y una buena economía, Biden habría tenido una economía en auge”, dijo el portavoz del DHS. “Cuando descubrimos cualquier mala conducta presunta o potencial, la remitimos inmediatamente a investigación y cooperamos plenamente con cualquier investigación penal o administrativa. Esto es así tanto si la presunta mala conducta ocurre en servicio como si no”.
La operación de tres días se llevó a cabo días antes de la investidura del presidente Donald Trump, quien ha prometido llevar a cabo la mayor campaña de deportación masiva en la historia de Estados Unidos. La presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza en el Valle Central provocó el temor de deportaciones masivas en las comunidades inmigrantesde la región.
La operación del condado de Kern generó rumores y desinformación desenfrenada en las redes sociales sobre más redadas de deportación, allanamientos y redadas en todo el estado, lo que provocó protestas entre estudiantes, personas indocumentadas y sus familias.
“Los trabajadores agrícolas y todos nuestros vecinos del condado de Kern deberían tener el derecho a moverse, trabajar y vivir sin temor”, dijo la presidenta de la UFW, Teresa Romero, en un comunicado. “Como resultado de las tácticas coercitivas de la Patrulla Fronteriza, docenas de residentes de larga data del condado de Kern ahora están varados en México, lejos de sus hogares y de las familias, los trabajos y las comunidades que los necesitan”.
“Las redadas discriminatorias por parte de agencias federales corruptas socavan el derecho de los ciudadanos latinos a sentirse como en casa en su propio país. Dichas redadas también intimidan a los trabajadores agrícolas para que toleren la explotación y el abuso laboral en los campos, lo que reduce los salarios y las condiciones laborales de todos los trabajadores”, dijo Romero.
Los demandantes están representados por las Fundaciones ACLU de los condados del Norte de California, Sur de California y San Diego e Imperial, y por Keker, Van Nest & Peters LLP.
“Las prácticas ilegales de la Patrulla Fronteriza no hacen que nadie esté más seguro. Aterrorizan a las comunidades, violan la Constitución y hacen caso omiso de los límites que el Congreso ha impuesto a los agentes de inmigración”, dijo Bree Bernwanger, abogada principal de la Fundación ACLU del Norte de California. “Esta demanda busca poner fin a la dependencia ilegal de la Patrulla Fronteriza de la discriminación racial, las detenciones indiscriminadas sin orden judicial y el uso de la coerción y el engaño para negar a las personas sus derechos”.
La demanda alega que los agentes federales cometieron tres prácticas ilegales: detenciones independientemente de una sospecha razonable de presencia ilegal, arrestos sin tener en cuenta la causa probable de riesgo de fuga y salida voluntaria sin una renuncia consciente y voluntaria a los derechos.
Según la demanda, la Patrulla Fronteriza violó el derecho de los demandantes a no ser sometidos a registros e incautaciones irrazonables amparado por la Cuarta Enmienda, su derecho al debido proceso amparado por la Quinta Enmienda y otras leyes federales.
“La Patrulla Fronteriza viajó 300 millas desde la frontera para arrestar a personas por su color de piel, lo cual es inaceptable”, dijo Ajay Krishnan, socio de Keker, Van Nest & Peters. “Pero el comportamiento de los agentes aquí (rompiendo ventanas, cortando neumáticos, tirando a una abuela al suelo, arrestándola y luego dejándola ir después de ver su tarjeta verde) es inaceptable. Estas prácticas ilegales tienen que terminar”.
Esta historia fue publicada originalmente el 27 de febrero de 2025, 1:00 p. m. with the headline "Un grupo de trabajadores agrícolas demanda a la Patrulla Fronteriza por las redadas de inmigración en el centro de California. Lo que sabemos."
